El Síndic investigará la actuación de la Administración frente a los desahucios -Europa PressEl Síndic ha puesto como ejemplo situaciones como las vividas en Badia del Vallès (Barcelona), donde ha asegurado que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, lo que ha puesto de manifiesto, según el organismo, "una falta de coordinación y de control por parte de la Administración".
El Síndic de Greuges investigará la actuación de la Administración frente a los desahucios y pedirá información a la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda sobre qué medidas está llevando a cabo en este sentido.
En un comunicado, el Síndic ha argumentado que, a pesar de que buena parte del problema de las ejecuciones inmobiliarias es de carácter privado entre las entidades financieras y las personas que firman el crédito hipotecario, el derecho a la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, por lo que quiere estudiar las medidas de la Administración.
El Síndic ha puesto como ejemplo situaciones como las vividas en Badia del Vallès (Barcelona), donde ha asegurado que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, lo que ha puesto de manifiesto, según el organismo, "una falta de coordinación y de control por parte de la Administración".
Ha añadido que estos casos "evidencian que el ciudadano puede que no disponga de una información clara e inteligible a la hora de contratar un crédito hipotecario".
En el caso de las viviendas de protección oficial, el Síndic ha señalado que se deben estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre los agentes implicados en las transmisiones de las viviendas y establecer los mecanismos que eviten una vulneración de la normativa.
El Síndic investigará la venta de pisos protegidos - El Periódico de Catalunya
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciado la apertura de una investigación de oficio respecto a situaciones como la vivida en Badia del Vallès, donde se vendieron viviendas de protección oficial a precios muy superiores al valor de la tasación de los inmuebles. Una situación que, ante la crisis, ha generado graves problemas económicos en los compradores. El Síndic estudiará qué medidas toma la Administración para evitar estos problemas y pide coordinación entre los implicados. Ribó enmarca este problema en la situación madre de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía -El País
El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallès, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una "falta de coordinación y control" por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.
Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallès por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.
El Síndic de Greuges consideró que "situaciones como la de Badia del Vallès" han puesto de manifiesto "una falta de coordinación y de control" en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, "puede no disponer de una información clara y comprensible".
El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: "buena parte" de este problema es de "carácter privado", entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un "derecho constitucional y estatutario", estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.
El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar "propuestas de mejora" de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.
En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es "especialmente grave" para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.
En un comunicado, el Síndic ha argumentado que, a pesar de que buena parte del problema de las ejecuciones inmobiliarias es de carácter privado entre las entidades financieras y las personas que firman el crédito hipotecario, el derecho a la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, por lo que quiere estudiar las medidas de la Administración.
El Síndic ha puesto como ejemplo situaciones como las vividas en Badia del Vallès (Barcelona), donde ha asegurado que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, lo que ha puesto de manifiesto, según el organismo, "una falta de coordinación y de control por parte de la Administración".
Ha añadido que estos casos "evidencian que el ciudadano puede que no disponga de una información clara e inteligible a la hora de contratar un crédito hipotecario".
En el caso de las viviendas de protección oficial, el Síndic ha señalado que se deben estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre los agentes implicados en las transmisiones de las viviendas y establecer los mecanismos que eviten una vulneración de la normativa.
El Síndic investigará la venta de pisos protegidos - El Periódico de Catalunya
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciado la apertura de una investigación de oficio respecto a situaciones como la vivida en Badia del Vallès, donde se vendieron viviendas de protección oficial a precios muy superiores al valor de la tasación de los inmuebles. Una situación que, ante la crisis, ha generado graves problemas económicos en los compradores. El Síndic estudiará qué medidas toma la Administración para evitar estos problemas y pide coordinación entre los implicados. Ribó enmarca este problema en la situación madre de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía -El País
El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallès, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una "falta de coordinación y control" por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.
Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallès por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.
El Síndic de Greuges consideró que "situaciones como la de Badia del Vallès" han puesto de manifiesto "una falta de coordinación y de control" en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, "puede no disponer de una información clara y comprensible".
El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: "buena parte" de este problema es de "carácter privado", entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un "derecho constitucional y estatutario", estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.
El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar "propuestas de mejora" de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.
En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es "especialmente grave" para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.
