Ayer se celebró en el Auditorio Municipal una mesa redonda con la participación de los diputados al Parlament de Catalunya de los grupos políticos con representación municipal.
Los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Badía salieron ayer, de la mesa redonda celebrada en el Auditorio Municipal, con un hilo de esperanza. La problemática que afecta a muchas familias del municipio, obligadas a firmar un contrato de dación en pago con algunas entidades bancarias, principalmente Catalunya Caixa, por no poder hacer frente a las letras de sus hipotecas, no ha sido la solución a sus problemas. Ahora es Hacienda quien les reclama el IRPF de esa supuesta compra-venta, a raíz de un fraude que se destapó hace dos años en el municipio.
Los pisos de protección oficial de Badía fueron vendidos sin control a precios del mercado libre y la escritura que se hacía llegar a la sociedad pública de la Generalitat de Catalunya ADIGSA era legal. Allí se hacía constar el precio que oscilaba entre los 6.000 y 50.000 euros.
El problema radicó en que los vendedores cobraron una suma entre 2 y 5 veces superior a la que constaba en la escritura. En este asunto se encuentran implicados los propietarios de los pisos, por superar la limitación de precios establecida en el régimen de viviendas sociales, las entidades financieras que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros, los intermediarios inmobiliarios que participaron en este negocio mediante comisiones y los notarios que aceptaron las operaciones.
Además, el pasado 26 de junio, IU, ICV-EUiA y CHA, presentó en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados una propuesta no de ley para reclamar la exención del IRPF a los afectados por esta coyuntura en Badía del Vallés, ya que es un caso particular. Sin embargo, el PP votó en contra.
Con el firme objetivo de encontrar soluciones, ayer se celebró en el Auditorio Municipal una mesa redonda donde participaron algunos diputados al Parlament de Catalunya, con representación municipal, como fueron Salvador Milà (ICV-EUiA), Lourdes Ciuró (CiU), Isabel López (PSC) y Daniel Serrano (PP), respondieron a los afectados que forman la PAH de Badía.
Decreto Ley en el Parlament
María Ulloa, portavoz de la PAH de Badía introdujo a los asistentes sobre el tema a debatir durante la sesión. Leyó un manifiesto en el que expuso la particularidad existente en el municipio sobre la dación en pago. “Estas viviendas de protección oficial se vendieron a un precio superior al marcado por la ley, con el consentimiento de todos los actantes. ¿Quién es el responsable? Se nos acusa de vivir por encima de nuestras posibilidades pero ¿quién decidía el precio? Y los bancos ¿por qué concedieron hipotecas por encima del valor estipulado? No nos gusta pagar porque sí. Si se nos permite la dación en pago, la deuda debe ser condonada”, relató.
En este sentido, la PAH de Badía recoge firmas cada jueves en la Plaza Mayor para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la dación en pago sea retroactiva y se condone la deuda, como fórmula para resolver de este conflicto.
Precisamente, Salvador Milà adelantó, tras la no aprobación de la proposición no de ley en el Congreso, que el próximo 18 de julio se presentará un Decreto Ley en el Parlament para resolver estas irregularidades que sucedieron en el pasado, en plena burbuja inmobiliaria, y que son el colectivo más vulnerable quien se encuentra atrapado en este espiral.
“Con la unidad de todos los grupos políticos, se podrá conseguir dar marcha atrás a esta situación. Las leyes, si son injustas, están para cambiarse y es en la cámara donde se pueden resolver estos problemas sociales. Hay que buscar soluciones urgentes porque si no ha habido lucro en la dación en pago, no tiene sentido que Hacienda reclame a estas familias este tributo”, comentó al respecto el diputado de ICV-EUiA.
Por su parte, Lourdes Ciuró de CiU compartió esta misma opinión y admitió que “cualquier familia, lo último que deja de pagar es su vivienda, su lugar de intimidad. En este caso, es una medida específica que ocurre en Badía y no se ha dado en otros puntos del país y sería necesario una ley de urgencia para desdramatizar esta situación”.
En esta misma línea intervino Isabel López de PSC quien expuso que “los políticos estamos obligados a apoyar a la PAH de Badía porque también es nuestra responsabilidad. No se cumplió la labor de control de las VPO y no damos soluciones a estas familias si nos acusamos entre los grupos políticos. Es necesario que este mensaje cale en Madrid para intentar que Hacienda no mande a ninguno de los afectados ninguna notificación de apremio porque no existió”.
El momento más esperado de la tarde fue la intervención de Daniel Serrano, representante del PP quien votó en contra de la proposición no de ley en el Congreso. Su presentación se llevó la recriminación de los asistentes, ya que, si bien, admitió que “el Gobierno de España es consciente de la problemática de Badía” sí reconoció que esta medida obedece a la ley presupuestaria. No obstante, admitió que “no se nos puede acusar de insensibles y me comprometo a hacer de intermediario con el Ministerio de Economía y Hacienda para buscar una solución a este problema particular y me pongo a disposición de la PAH”.
De hecho, Serrano confirmó que durante el mes de septiembre los miembros de la PAH recibirían una respuesta. Mientras que la alcaldesa de Badía, Eva Menor, quien intervino en la sesión como público, puso a disposición de los asistentes las mociones realizadas por los grupos políticos en el Ayuntamiento sobre esta problemática.
Los afectados, que también tuvieron la oportunidad de preguntar a los asistentes para encontrar soluciones a sus casos particulares, abandonaron el Auditorio Municipal con una promesa en firme y fueron escuchados, una vez más, por los representantes de los principales grupos políticos en el Parlament, conscientes de la difícil situación por la que atraviesan.
Mònica Escolà
