Cuántas contradicciones internas, cuántas emociones; que una familia consiga una dación es una gran victoria fruto de la lucha civil organizada y, cuando se consigue sin "mochila", sin remanente, sin deuda pendiente, entonces es permitirle a esa familia volver a empezar, tener una segunda oportunidad y, sobretodo, poder continuar la lucha (por un alquiler social) desde una tranquilidad y alivio por los avales, por saberse libre de una deuda ilegitima impagable que nunca deja de crecer.
Pero cuando esa dación se ejecuta sobre Viviendas de Protección Oficial, bajo el régimen de Promoción Pública de categoría subvencionada (tras aprobarse la resolución de la Cedula de Calificación Definitiva de fecha 6 de Febrero de 1976, expediente nº B-31.CD/69), viviendas que YA están pagadas, cuando esa familia pierde la titularidad de la misma por la que tuvo que acreditar ante l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya que cumplía unos requisitos, como tener renta limitada, usar esa VPO como vivienda única y habitual, etc. y esa titularidad la AHC se la concede a una entidad financiera, que jamás cumplirá esos requisitos, con el beneplácito de las demás instituciones responsables de esa VPO (AAVV, Ayto. ), entonces, esa dación es una coacción, es la única salida que le queda a esa familia, que en teoría compró una vivienda social para que la Administración velase por sus derechos; si a eso le sumamos que, en la actualidad, los créditos hipotecarios sobre estas mismas viviendas en manos de bancos y entidades como CatalunyaCaixa, rescatada con más de 12 M de € de nuestro dinero, los está comprando un fondo buitre como es Blackstone, entonces es un nuevo paso que la Administración permite para alejarse aún más de sus obligaciones legales hacia las viviendas y las familias, sus legítimas propietarias.
Así que, por un lado, la titularidad en manos de bancos y, ahora, las deudas en manos de fondos buitres. A todo esto la gestión pública sobre la finalidad de esas viviendas sociales, en modo de alquiler social, el tanteo y retracto de la Administración para devolver esa vivienda a las familias en riesgo de exclusión social, la vigilancia activa sobre los créditos hipotecarios que jamás deberían haberse permitido de manera especulativa ni abusiva, etc., es decir, la responsabilidad legal de la Generalitat sobre las viviendas de Badia,, ni está ni se la espera.
Pues lo dicho, contradicciones. Alegría inmensa por las familias que se liberan de las deudas injustas e ilegales en Badia y, plantearse la lucha pendiente para evitar que, en un futuro no muy lejano, esas mismas familias recuperen la titularidad o el Derecho Efectivo a quedarse en esa VPO en régimen de arrendamiento gestionado por la Administración, local o autonómica y evitar así, que las cientos y cientos de familias que firman daciones en Badía, una vez agotado el periodo de alquiler conseguido (de 5 años máximo en vez de hasta 25 como firman Ayto. y Generalitat en el "Conveni de col•laboracio entre la Secretaria d’Habitatge i l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la normalització del parc d’habitatges de protección oficial, de 9 de febrero de 2010") sean desahuciadas por esos bancos rescatados con nuestro dinero, por orden judicial de la misma Administración que cedió esas viviendas en pro de esos bancos y no de esas familias, como era su obligación..
Bienvenidos a la lucha dé #PAHBadia
